Ley y controversia para la reserva

Desde el 1ro. de diciembre pasado una ley aprobada por la Legislatura porteña creó la Reserva Costanera Norte en el predio de Ciudad Universitaria, frente a los pabellones II y III, en la costa del río. El Consejo Directivo de Exactas denunció la ley como inconsulta y violatoria de la autonomía universitaria. La misma será sometida la semana próxima a Audiencia Pública, de la que participará la UBA.

“La inauguración del Parque Natural Ciudad Universitaria estaba prevista para fines de 2008. Eso indicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace poco más de un año, cuando las obras marchaban a toda máquina y podían percibirse, día a día, los cambios en la fisonomía del paisaje costero frente a los pabellones II y III. Hoy, en cambio, si bien las obras del parcialmente inaugurado Parque de la Memoria y de la canalización del arroyo Vega se encuentran activas, las de su vecino lindero, el Parque Natural, se estancaron”. Así se iniciaba el artículo titulado “Futuro incierto”, publicado en el Cable 689, en junio de 2008. En el mismo se hacía eco de la incertidumbre sobre el futuro de Gestión de la Ribera, la dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la que la UBA venía articulando el proyecto de un parque natural en el predio de su propiedad, frente a los pabellones II y III, de cara al río. El gobierno del PRO disolvió ese mismo año Gestión de la Ribera y con ella el programa “Buenos Aires y el Río”. A partir de ese momento dejaron de conocerse novedades sobre avances. Hasta ahora.

Después de casi cinco años de silencio, volvió a resurgir con fuerza el tema del parque costero. Aquello que se había denominado “Parque Natural”, desde el 1ro. de diciembre de 2011 lleva el nombre de “Reserva Costanera Norte” y pasó a ser objeto de ley: la legislatura porteña aprobó “a primera lectura” el proyecto que convierte en reserva ecológica las más de 17 hectáreas del predio. La “primera lectura” indica en este caso que, para que sea sancionada en forma definitiva, la ley deberá pasar por el proceso de audiencia pública, donde los vecinos, organismos o instituciones porteñas podrán hacer sus observaciones y aportes al respecto. Posteriormente, la Legislatura la volverá a tratarla en el recinto para una “segunda lectura”.

El lector puede preguntarse si esta ley es la continuidad de aquel proyecto o, en todo caso, si guarda relación alguna. La respuesta es negativa. Por eso, si bien la posibilidad de reactivar la idea de la reserva podría haber generado entusiasmo en la comunidad de Exactas, la sanción de esta ley –que lleva el número 4.096– generó fuertes observaciones por parte del Consejo Directivo de la Facultad, que se expresó en su última reunión mediante una resolución aprobada en forma unánime. El CD manifestó una “profunda preocupación” debido a que la ley “desconoce convenios previos” entre la Universidad de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y repudió “la flagrante violación de la autonomía universitaria” al determinar “la forma de representación que asumirán la Universidad y sus Unidades Académicas” en la estructura de gestión de la reserva. El quid de la cuestión quizás pueda encontrarse en que la UBA –a partir de la iniciativa de las facultades de Exactas y de Arquitectura– trabajó fuerte en un proyecto integral para la zona en la década pasada. En el 2008, los avances eran evidentes: estaba en marcha la concreción del proyecto arquitectónico nacido del concurso público de ideas que organizó la UBA en 1998, que incluía el Parque de la Memoria; tenían su firma los convenios de colaboración entre la UBA y la Ciudad, también el Acta Acuerdo que delimitaba el predio y las responsabilidad de cada institución; ya estaba finalizado el Plan de Manejo del predio, un trabajo coordinado por la bióloga de Exactas Alejandra Volpedo (hoy en la Facultad de Veterinaria) y del que participaron diversas instituciones y ONGs. De todo aquello, solo se concretó la primera etapa, el Parque de la Memoria. Posteriormente a la inauguración del mismo, las obras se limitaron a la construcción del canal aliviador del arroyo Vega, quedando el Parque Natural en un prolongado stand by.

La ley de la reserva

Sobreviviente de los 99 vetos que lleva aplicados el ejecutivo de la Ciudad a normas aprobadas por la legislatura, la ley 4.096 fue elaborada por el diputado del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps. En su artículo primero, esta ley crea la “Reserva Ecológica Costanera Norte en el polígono delimitado: al suroeste, por el muro de contención de la Ciudad Universitaria; al sureste, la desembocadura del arroyo Vega y el Parque de la Memoria; al nornoreste, la costa del Río de la Plata y al nornoroeste la desembocadura del Arroyo White y la sede náutica del Club Universitario Buenos Aires”. En el artículo 3 determina una “zona de amortiguación” delimitada entre las fachadas de los pabellones II y III y el muro de contención del sector conocido como “el pantano”. Más adelante, la ley prohíbe la alteración del lugar mediante la acción humana, define su acceso como “público y gratuito” y establece la elaboración de un plan de manejo. En el artículo 6, a su vez, expresa que “la estructura y administración de la Reserva Ecológica Costanera Norte estarán a cargo de un administrador elegido por concurso público de oposición y antecedentes, que dependerá de la autoridad ambiental correspondiente”, por lo tanto, de alguna dependencia del Gobierno de la Ciudad. En el siguiente artículo, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá definir las funciones del administrador y conforma un “Consejo Asesor, de carácter consultivo”, que estará integrado por un representante del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, un representante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, uno del Consejo Departamental de Biodiversidad y Biología Experimental de Exactas, un representante del Consejo Departamental de Ecología, Genética y Evolución de Exactas, un representante del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13 y tres representantes de Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas.

De acuerdo con la ley, el Consejo Asesor tendrá a su cargo “asesorar a la Administración en la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva. Estudiar los problemas técnicos relativos a los planes y programas, su implementación, mejoramiento y evolución, para la adecuada protección del área. Asesorar a la Administración en el manejo de la Reserva. Participar en la revisión y reforma del Plan, y en la propuesta de los programas”. Sus propuestas y recomendaciones serán de consideración obligatoria por la Administración de la reserva pero, al ser un órgano consultivo no vinculante, podrán ser tomadas en cuenta o no.

El lugar de la UBA, el lugar de Exactas

La Universidad de Buenos Aires (dueña del predio sobre el que se establece la reserva) y, en particular, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tienen destinado, por la ley en cuestión, un puesto cada una dentro del Consejo Asesor consultivo. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en cambio, no tiene participación a nivel institucional. En cambio, está determinado un puesto para un integrante del CoDep del DBBE y otro para un integrante del CoDep del DEGE.

A estas definiciones de la ley hace eco la resolución del Consejo Directivo de Exactas, donde se resalta que la Legislatura porteña estableció “que esta Universidad no formará parte de las instancias de administración de la Reserva Ecológica Costanera Norte que se crea, quedando limitados sus derechos a la participación en un órgano asesor” y que este hecho, por sí mismo, “viola el Convenio de Colaboración (Decreto N° 1327/2000) entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmado el 4 de agosto de 2000, por lo que corresponde que la Universidad accione legalmente”.

Más allá de la cantidad o la calidad de los puestos definidos para la UBA y sus dependencias en la ley, el Consejo Directivo cuestionó duramente la decisión que subyace a esa distribución: “Dicha ley viola de manera alarmante las mínimas normas de Autonomía Universitaria al establecer cuál será la forma de representación de esta Universidad y de esta Facultad en el Consejo Asesor”, expresa.

Advirtiendo que la ley que crea la Reserva Costanera Norte omite el Convenio de Colaboración y la Resolución Nº 343/08 aprobada oportunamente por el CD, la Facultad solicita, en el artículo 3 de la resolución, que el rector de la Universidad de Buenos Aires “tome las medidas que considere adecuadas a los efectos de garantizar los intereses de esta Universidad”, pero insiste también en su interés de que se concrete una reserva “que sea administrada de manera conjunta entre esta Universidad y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El decano Jorge Aliaga llevó el tema a la sesión del Consejo Superior de la UBA desarrollada el miércoles pasado, 11 de abril, donde informó sobre la resolución del Consejo Directivo de la Facultad y destacó la unanimidad que acompañó al texto. “Insistí en la necesidad de lograr que se concrete la creación de la reserva pero respetando tanto los derechos sobre la propiedad de esas tierras que tiene la UBA como la autonomía universitaria. Varios consejeros superiores manifestaron su preocupación y el señor Rector informó que la Universidad se presentará en la audiencia pública para defender sus derechos”, indicó Aliaga en su habitual informe público posterior a cada sesión de Consejo Superior. Y agregó que “Nuestra posición será defender el trabajo técnico realizado oportunamente y que se concretó en una propuesta de Plan de Manejo de la Reserva acordada tanto con las anteriores autoridades del Gobierno de la Ciudad como con organismos no-gubernamentales”.

El próximo paso para la ley 4.096 es someterse a la audiencia pública, que tendrá lugar el próximo martes, 24 de abril, a las 14.00 horas, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña. De acuerdo con lo expresado por las autoridades universitarias, se harán presentes en el lugar los representantes legales de la institución y utilizarán los cinco minutos de exposición que le corresponden para sostener la posición de la UBA y demostrar su interés en la concreción de un proyecto consensuado.

Fuente: El Cable Nro. 792