La ciencia argentina en su laberinto

Funcionarios, investigadores, becarios y personal de apoyo del Conicet fueron convocados por el grupo “Ciencia para Quién”, con el objeto de discutir acerca de la situación en que se encuentra el sistema científico en nuestro país. Polémica en torno del rol del Estado y el mercado.

¿Existe realmente un plan para la producción científica en Argentina?, ¿quiénes fijan sus objetivos prioritarios?, ¿qué lugar ocupa el Estado y el mercado en la definición de estos ejes?, ¿quiénes son sus principales beneficiarios? Desde mediados del año pasado, el grupo “Ciencia para Quién”, viene organizando distintas actividades para discutir éstas y otras cuestiones referidas al proyecto científico vigente hoy en Argentina.

En esta oportunidad y bajo el título “La política científica actual: ¿a quién sirve?”, Lino Barañao, presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; Martín Isturiz, investigador del Conicet y miembro del Grupo de Gestión de Políticas de Ciencia y Tecnología; Karina Cherñajovsky, del personal de apoyo autoconvocado del Conicet; y Santiago Andrich, becario e integrante de Jóvenes Científicos Precarizados, expusieron, a lo largo de más de dos horas, sus distintos puntos de vista sobre estas cuestiones.

El desarrollo del encuentro puso de manifiesto un rico contrapunto protagonizado por Barañao e Isturiz. A continuación los tramos principales de este debate.

Crear puestos de trabajo

El primero en tomar la palabra fue Barañao, quien afirmó que el objetivo central de la actividad científica es cambiar el modelo productivo de país, de una economía que produce commoditties, a otra basada en la generación de bienes y servicios conocimiento-intensivos. Para el funcionario, esta es, no sólo la única manera de mantener la inserción del país en la economía globalizada, sino que además, “los países que tienen una economía basada en el conocimiento dependen estrictamente de la educación, y una sociedad educada tiende a tener una mejor distribución de los recursos y es una sociedad más democrática. O sea, que una economía basada en el conocimiento, es la manera más democrática de llegar a una sociedad más justa”.

Posteriormente señaló que él no cree que exista una diferencia de categoría moral entre alguien que recibe un sueldo del Estado y aquel que obtiene sus ingresos vendiendo algún producto. “Conozco algunos empresarios que han hipotecado sus casas para mantener su empresa, que era fuente de trabajo de decenas de personas, y también conozco investigadores que han hipotecado la vida de sus becarios para lograr ascender académicamente, sin ningún impacto social”. Sin embargo, aclaró, no todo es igual en el interior del sector privado. “Para la Agencia, el destinatario central de sus fondos son las PYMES, que producen la mayor cantidad de puestos de trabajo del país”.

Más adelante, Barañao la emprendió contra el famoso “Triángulo de Sábato”, que es un modelo teórico que sostiene que para recorrer un camino exitoso de desarrollo científico-tecnológico basta con conectar tres puntos: gobierno, academia y sector privado. “Es muy sencillo – exclamó con ironía-, no sé por qué no se puede hacer esto en la Argentina, hay que hacer tres llamados telefónicos” y siguió, “el tema es que la realidad es mucho más compleja, no existe gobierno, existen ministerios, secretarías, subsecretarías, cada una con sus planes y proyectos muchas veces antagónicos. Ni hablar del sistema científico, cada institución depende de distintos lugares y el sector empresarial también es altamente heterogéneo. ¿Cómo hacemos para coordinar todo esto? La propuesta es acomodarlos a lo largo de una recta, en función de una idea común, un proyecto integrado, en donde coexistan los grupos de investigación, independientemente de adónde pertenezcan. El tema es que, para eso, tenemos que cambiar la mentalidad”, aseguró.

Para finalizar, el presidente de la Agencia manifestó que existe un acuerdo general en el que la Universidad debe estar al servicio de la sociedad, pero que el problema surge al tratar de definir qué significa esta frase en los hechos. Para resolver esta cuestión, citó un trabajo realizado en Canadá, en el cual le preguntaron a la gente, que no puede enviar a sus hijos a la universidad, qué esperaba de la universidad pública. “Todo el mundo contestó: `puestos de trabajo dignos y bien remunerados para mis hijos´. Yo estoy seguro de que si hacemos acá la misma encuesta, la respuesta va a ser igualmente unánime. Está claro que la sociedad que financia la universidad pública pretende mejorar su calidad de vida a través del acceso a nuevos puestos de trabajo. Entonces, hoy por hoy, la universidad pública no puede deslindarse de la responsabilidad de innovar, de crear empleos, de crear nuevas empresas de base tecnológica, sean estatales o privadas, lo importante es que se generen puestos de trabajo que exijan capacitación. Esa es la manera en que la universidad debe devolver la inversión que la sociedad ha realizado”, finalizó.

Un proyecto público estratégico

Martín Isturiz comenzó su exposición aclarando que tenía algunas diferencias con Barañao y afirmó que del análisis del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006-2010, surge que no cuenta con proyectos públicos estratégicos, que son aquellos que “permiten la autodeterminación de un país, ni con planes a nivel nacional que apunten a resolver necesidades sociales”. “Eso es inexistente”, sostuvo y agregó, “yo creo que el eje del Plan promueve la interacción entre organismos estatales y empresas privadas, pero sobre proyectos generados por las empresas privadas y generalmente subsidiados por el sector público. Es decir, que las políticas en ciencia y técnica, para mi gusto, están subordinadas a la lógica empresaria”.

“¿Debe excluirse al sector privado?”, se preguntó Isturiz. “Directamente, no”, se contestó. “Pero su participación se debe dar en el marco de un plan estratégico claramente definido por el sector público”, completó.

Para Isturiz, en Argentina no existe un sistema científico sino un “conglomerado de instituciones que funcionan como compartimientos estancos”. Esta situación de fragmentación impide que se establezca “un flujo de ida y vuelta entre ciencia básica y tecnología, lo que impide la expansión del sector y esto, a su vez, fomenta la emigración crónica de científicos”, señaló.

De acuerdo con el investigador, la inexistencia de una conducción centralizada es una de las principales causas de los inconvenientes que enfrenta el área. Y en ese sentido, consideró que el Gabinete Científico Tecnológico, (GACTEC), integrado por seis ministerios y presidido por la Jefatura de Gabinete, es un organismo “total y absolutamente inoperante”.

Para demostrar las consecuencias prácticas que provoca esta situación, Isturiz recurrió a un ejemplo: el Mal de Chagas. “Setenta años hace que en el país se trabaja en Chagas. Desde la década del 70 es considerado prioridad nacional, entonces un grupo trabaja sobre A, otro sobre B, otro con Z, ¿quién integra eso?, nadie. Nunca hubo un plan global que tuviera como objetivo erradicar la enfermedad. Entonces una vez definido el tema, hay que ejecutar. La SECYT o el organismo que corresponda, debe llamar a la gente que sabe de la cuestión, independientemente de las jurisdicciones. Los programas de gobierno hay que sustentarlos en la práctica”.

Para concluir, Isturiz realizó una síntesis de su postura: “Creo que las políticas implementadas en ciencia y tecnología conducen al fortalecimiento del sector privado, habitualmente subsidiado por el Estado, pero no a desarrollar proyectos estratégicos, ni a resolver problemas sociales. No hay ningún proyecto con estas características que venga impulsado desde el poder político. Estas políticas, además, no conducen a resolver los problemas estructurales del sector y obviamente la inoperancia del GACTEC genera un desarrollo anárquico que favorece a las empresas y no a la gente”.

Momento de réplicas

Finalizadas las exposiciones, Barañao retomó la palabra y adelantó su intención de refutar algunas de las afirmaciones que se habían expresado. Para eso detalló una larga lista de proyectos financiados por la Agencia a través del FONTAR o el FONCYT . “Les pido que me avisen si alguno de ellos no forma parte de un área estratégica o no responde a una necesidad social”, desafió.

En cuanto a las falencias en la ejecución de los proyectos estratégicos, Barañao señaló que es un punto que no puede resolverse en el plano teórico, ya que en la realidad depende enormemente de los actores del sistema. “Por ejemplo, se define como una prioridad solucionar el problema de las micotoxinas como contaminante alimentario. Entonces se llama a los expertos y ahí aparece la peculiaridad de la psicología humana. En Argentina hay información, pero el INTA no se la pasa al INTI, el ANMAT no quiere saber nada porque está peleado con el otro. Recién cuando se ofrecen fondos, y se dice `bueno, hay cuatro millones de dólares para solucionar este problema´, empiezan a aglomerarse y se llega a una propuesta coherente. No es que uno fija una prioridad nacional y automáticamente se resuelve”.

A su turno, Isturiz expresó que si bien comparte con Barañao la necesidad de abrir a la sociedad la discusión para definir los proyectos estratégicos, lo importante es que una vez que se determina una prioridad, se la debe llevar a cabo. En este punto, el investigador afirmó que no cree que la ejecución de una política implique generar, necesariamente, una especie de anarquía institucional y que, en todo caso, eso es producto de la forma en que funciona el sistema científico en nuestro país.

Con el objeto de sustentar su posición, Isturiz recurrió a un ejemplo: la producción pública de medicamentos y vacunas. “El propio gobierno lo ha definido como un proyecto estratégico en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, el 50 por ciento de la gente que va a un hospital se va sin medicamentos. La situación es realmente grave. Se presentó un proyecto en el que 10 laboratorios públicos forman un consorcio y cuentan con el apoyo del INTI para optimizar la producción de remedios que abarcarían toda la gama de medicamentos que cubre el plan Remediar. Se solicitó un financiamiento de sólo cuatro millones de dólares, y sin embargo, el proyecto fue rechazado”, relató, “está la capacidad instalada, se ahorra dinero, se expande tecnológicamente el país y se forma una red de contención para la emigración de científicos. ¿Por qué no se ejecuta cuando desde el propio gobierno se lo ha definido como una prioridad? Quiere decir que lo que no hay es voluntad política. Yo creo que planes se pueden implementar, que no haya decisión política es otra historia. Si no hay decisión política, no hay ningún sistema que pueda funcionar”, concluyó.

Las posiciones quedaron expuestas, ¿usted qué opina?

Fuente: El Cable Nro. 651