Consulta popular vinculante por el presupuesto universitario

La Facultad aprobó una resolución por la que solicita la presentación de una nueva propuesta de ley de financiamiento universitario para 2025, y que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante para que sea la voluntad popular la que defina la aplicación de ese proyecto de ley. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo no podría vetarla.

Con el apoyo unánime de todos sus integrantes, el Consejo Directivo de Exactas aprobó una resolución por la cual se solicita a la Cámara de Diputados la elaboración y presentación de un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario para 2025 que contemple las necesidades para el funcionamiento del sistema expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Y, por otro lado, le pide a ambas cámaras del Congreso Nacional la sanción de una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante para refrendar esa iniciativa legislativa.

El texto acordado recuerda el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y destaca la importancia de que las universidades nacionales cuenten en 2025 con los recursos necesarios para el financiamiento del sistema que, de acuerdo con el calculo realizado por el CIN, ronda los 7,2 billones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dispone de solo 3,95 billones de pesos, es decir, que apenas supera la mitad de los fondos reclamados.

La resolución también recuerda que la herramienta de la consulta popular vinculante se encuentra establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional y que fue reglamentada por la Ley 25.432 del año 2001 con sus modificatorias en el año 2012. Y subraya que la convocatoria no puede ser vetada y que el voto afirmativo del pueblo de la Nación convierte al proyecto sometido a consulta en ley, y su promulgación tiene que ser inmediata.

“La idea me la acercó un profesor de la Facultad y a partir de ahí la empezamos a trabajar. Hicimos múltiples consultas con el vicerrector de la UBA, con las autoridades de Sociales y de Filosofía, también con rectores de otras universidades, con el exministro Jaime Perczyk y con Víctor Moriñigo, presidente del CIN. Incluso hablamos con diputados de diferentes partidos políticos. A todos les pareció una idea interesante y pensamos que una resolución de la Facultad podría ser un buen punto de partida para poner el tema en la agenda pública”, cuenta Guillermo Durán, decano de la Facultad.

La Ley 25.432 establece, entre otras disposiciones, que la convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las Cámaras; que la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley de convocatoria en el Boletín Oficial; que el voto será obligatorio, y que será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del 35 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional.

Para Durán el nuevo proyecto debería contemplar algunos de los elementos que contenía la ley de financiamiento que se había aprobado para 2024 y que fue vetada por el Poder Ejecutivo, y tomar en cuenta el monto calculado por el CIN para el 2025. Esa iniciativa debería ser sometida luego a la voluntad popular.

“Tenemos buenas expectativas con relación a que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras. Tanto en Diputados como en Senadores, el proyecto de financiamiento fue aprobado por mayorías muy amplias y luego el veto fue sostenido por apenas un tercio de la Cámara Baja. Ahora se requieren muchos menos votos”, explica Durán y completa: “La gran ventaja que tiene esta idea es que el presidente no puede vetar la convocatoria una vez aprobada y tampoco puede vetar la ley si se impone el “sí” en la consulta popular. Estamos confiados en que existe un aval muy mayoritario de la sociedad argentina en defensa de las universidades públicas y de su necesario financiamiento”.