¿Qué pasa con UBA XXII?

Una requisa entró en mayo pasado al Centro Universitario de Ezeiza, violando el espacio de UBA en la unidad penitenciaria. Esta y otras situaciones pusieron en alerta a los coordinadores de UBA XXII, quienes hablaron con el Cable acerca de la situación en los penales y de la demora en la designación de director del programa, que se definiría esta semana.

Sucedió el 23 de mayo pasado. El Centro Universitario de la cárcel de mujeres de Ezeiza fue objeto de una requisa por parte del Servicio Penitenciario en momentos en que se estaba dictando una clase del taller de computación que imparte la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La clase se dio por terminada y las fuerzas de seguridad trasladaron del lugar a las alumnas para revisarlas obligándolas a desnudarse, tal como es uso y costumbre. De acuerdo a lo que trascendió de la unidad carcelaria en los días siguientes, nada indebido se encontró tras la requisa.

El accionar de las fuerzas de seguridad fue inmediatamente denunciado públicamente por los coordinadores de las carreras del Programa UBA XXII y algunas instituciones -como es el caso de Exactas- se pronunciaron a través del Consejo Directivo solicitando al rector Rubén Hallú que tome cartas en el asunto para asegurar que no se repitan hechos de este tipo.

Como particularidad, esta situación se dio en un marco atípico para UBA XXII, ya que su directora histórica, Marta Laferriere, había sido separada de sus funciones hacía pocos días y, por lo tanto, el programa se encontraba acéfalo. Y esa acefalía persiste, debido a que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, hasta el momento, no designaron reemplazante.

El programa UBA XXII lleva más de 20 años de actividad en los penales de Devoto y Ezeiza, y también sumó en los últimos años al de Marcos Paz. Por su intermedio, cientos de internos cursan carreras como Derecho, Sociología, Economía o participan de talleres de computación en similares condiciones académicas a las que existen en las facultades. La UBA tiene sus espacios propios en cada penal -denominados Centros Universitarios- donde rige su autoridad y las normas de convivencia responden a la lógica civil universitaria. Esto es posible en virtud a los convenios existentes entre la institución educativa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), logrados a partir de 1985.

No sólo es una experiencia única en el país, sino que UBA XXII se convirtió en un referente educativo a nivel internacional. Aunque, desde hace cerca de dos años, viene soportando tensiones, correlato de la relación entre instituciones tan disímiles como la Universidad y el SPF. La situación vivida el 23 de mayo, sumada a la morosa definición del nuevo director y a una serie de impedimentos para el normal desarrollo de las clases que vienen denunciando los docentes, ponen en crisis a la realidad del programa. Leandro Halperín, coordinador de las carreras de la Facultad de Derecho, indicó al respecto que “nadie puede avanzar sobre el programa si nosotros mismos no lo desprotegemos antes, y no puedo ver como una casualidad que justo la primera vez que la requisa ingresa al Centro Universitario de Ezeiza, incluso con clases en el momento del operativo, sea cuando no hay director del programa”.

Por su parte, Alcira Daroqui, coordinadora por la Facultad de Ciencias Sociales desde los inicios mismos del programa, agregó que “no habían sucedido requisas en espacios universitarios desde 1992”; pero, además, calificó a la reciente intervención como “provocadora”, a raíz de que se realizó en presencia de un docente de Exactas y otro del Ciclo Básico Común: “Esto se hizo a las seis menos diez de la tarde, cuando en pocos minutos terminaban las clases. De esa manera, lo veo como un acto que se quiso que fuera público”, agregó Daroqui.

Halperín se mostró indignado y desilusionado. “Yo nunca hubiese esperado que la requisa entre en el Centro Universitario”, afirmó. Y su crítica tomó carriles más generales que pintan una realidad incómoda: “Tampoco hubiese esperado que haya hostigamiento para los profesores o que se hagan traslados a otro penal, en forma inexplicable, a internos que estaban cursando y tenían buena relación con los docentes”. La esperanza rota de Halperín hace alusión al nuevo titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. El subsecretario que asumió con el nuevo gobierno nacional es Eduardo Descalzo, abogado muy afín y viejo conocido del ministro Aníbal Fernández. El director del Servicio Penitenciario es el abogado Alejandro Marambio Avaria, un civil con experiencia carcelaria e importantes intervenciones en lo relativo a Derechos Humanos que ya lleva dos años de función. “Tenía muchas expectativas frente al hecho de que el SPF sea conducido por un civil y que ese civil provenga de sectores vinculados a la problemática penitenciaria de Derechos Humanos” -indicó Halperín-. Estimaba que teníamos una buena oportunidad para que a la cárcel entraran políticas modernas”. Y ahora viene la objeción: “En los penales todos los días se siguen muriendo pibes a golpes, cuando no se mueren por las pastillas en el medio del pabellón porque no tienen nada para hacer durante todo el día”, continuó el coordinador, reconociendo, a la vez que, “de todas maneras, creo que el país está en condiciones para que los Derechos Humanos lleguen a las cárceles”. Y puso el alerta ante una posible política hostil del SPF hacia la UBA: “En el penal de Devoto, desde que está funcionando el Centro Universitario, han cambiado motines por habeas corpus, y no es un dato menor: se muere mucha menos gente porque sabe cómo defenderse. Y eso tiene mucho valor”.

Visita a rectorado

Los coordinadores de las carreras que se dictan en los Centros Universitarios fueron recibidos por el rector Rubén Hallú posteriormente al episodio de la requisa. Nair Repollo es la coordinadora de los talleres de computación del programa -la única instancia educativa de UBA XXII abierta a todos los internos de los penales, más allá de su nivel de instrucción- e indicó que “esta es la primera vez en la historia del programa que un rector recibe a los coordinadores. Hicimos un balance de UBA XXII, hablamos de las posibilidades a futuro y estuvimos de acuerdo en la necesidad de contar con una dirección cuanto antes”. De acuerdo con el testimonio de los asistentes a la reunión, el rector se comprometió a designar al sucesor de Laferriere en no más de 20 días, por lo que se espera que el nombre se divulgue durante la semana actual.

Daroqui también participó de la reunión. Indicó que Hallú se mostró preocupado por la situación de los docentes, en particular, frente a la relación cotidiana con el personal del Servicio Penitenciario. Ante esto, la socióloga relató que “le dijimos al rector que no se preocupe por nosotros, que sabemos poner el cuerpo, que el problema más grave es la Universidad, que debe clarificar su objetivo con este programa. Casi todos los coordinadores le dijimos eso, que el problema era mucho más amplio que tener un nuevo director”.

Los coordinadores fueron los que asumieron el rol institucional frente a la ausencia de dirección. Al respecto, agrega Daroqui: “Nosotros somos los que intentamos preservar la institucionalización, a partir de poner el pecho y, por supuesto, con el respaldo indiscutido de nuestras unidades académicas”.

“La UBA como institución todavía no ha pedido una explicación sobre los hechos del 23 de mayo. En cambio sí hay notas, una mía y otra de Daroqui, y una causa penal iniciada”, indicó Repollo, quien también estuvo en la reunión.

Más allá de las resonancias en el edificio de Viamonte 444, no hubo comunicado alguno de parte de las instituciones responsables de los hechos: de acuerdo a información que obtuvo el Cable, el ministro Aníbal Fernández se habría comunicado con el rector Hallú para comentar que lo ocurrido en Ezeiza había sido una situación repudiable, aunque la comunicación no se hizo pública hasta el momento. Y, como puede suponerse, el silencio ministerial generó silencio hacia abajo: ni la Subsecretaría, ni el SPF, ni las autoridades del penal hicieron declaraciones sobre los hechos. “Lo conveniente hubiera sido la intervención por parte de la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias”, consideró Repollo, y Daroqui indicó que lo que ella pretende no es “una disculpa sino una explicación de por qué ocurrió, ya que estando el programa en marcha llegamos a vivir situaciones realmente complejas a nivel de seguridad, como en el caso de los motines de 1996, que nunca ocasionaron actitudes de este tipo por parte de los penitenciarios”.

Qué hay en juego

De acuerdo con el testimonio de los coordinadores consultados, se manifiesta que la tarea de la Universidad en un ámbito como el carcelario debe soportar los vaivenes característicos de un sistema cerrado. Las coyunturas e internas políticas dentro de las instituciones penitenciarias y los problemas en los pabellones de alojamiento repercuten necesariamente en la actividad académica.

“Es imposible desarrollar el Programa UBA XXII sin considerar que está en un contexto complejo, con vaivenes. El problema es cuando esos vaivenes afectan lo que no deberían afectar”, indicó Halperín. Por su parte, Nair Repollo ejemplifica: “Se vienen dando una serie de sucesos que hacen que estemos más alertas. Lo más grave fue la requisa en Ezeiza, pero también suceden cambios de alojamiento de internos que generan violencia, traslados de colaboradores internos a unidades penitenciarias del sur del país, surgen versiones falsas relacionadas con nuestra actividad… Eso pasa todo el tiempo”. A la vez, indicó que todo esto complica la continuidad de los estudiantes y genera apatía: “los desgasta mucho las situaciones que se viven en los pabellones: desde hace unos dos o tres años cuesta más retener a los alumnos”.

Ante la situación inédita del allanamiento de las instalaciones de la Universidad y las hostilidades percibidas por estudiantes y docentes, cabe preguntarse si puede entrar en crisis la relación entre el SPF y la UBA. Incluso si eso puede hacer peligrar la continuidad del programa. Halperín considera que no hay tal riesgo. “Yo creo en las políticas de Estado -afirma el coordinador- y creo que el Programa UBA XXII ha dado sobradas muestras que, sea quien fuere el que esté a cargo, tiene que continuar. La institución penitenciaria ha tenido suficientes muestras de que, pase lo que pase, el programa va a estar y me parece que los jefes políticos de la administración penitenciaria han podido conocer el programa y reconocerlo como válido. Eso le da cierto carácter de política de Estado.

Si bien el episodio de la requisa calentó los ánimos y puso en alerta a los coordinadores del programa, Daroqui le ve un lado luminoso: “Paradójicamente, puede tener un efecto positivo porque de alguna manera instaló el tema en la opinión pública. En la Facultad recibimos muchísimas expresiones de solidaridad y también, llamativamente, empezaron a aparecer actores que estaban adormecidos, como el centro de estudiantes de Sociales”, indicó. Esto, a la vez, le sugiere que es imprescindible mantener la presencia de la UBA: “Me parece un desafío por parte de las fuerzas de seguridad y por eso es necesario reforzar la institucionalidad del programa”.

Halperín coincide con Daroqui en que es necesaria una fuerte presencia de la UBA y agrega que, en el caso de que surjan cuestionamientos a la continuidad de los convenios por parte del Servicio Penitenciario, “como universidad, tenemos que estar preparados para dar ese debate, porque cuando esos conflictos son subterráneos siempre algún vivo los puede aprovechar”. “Nosotros cometimos el error de no mantener el programa en cartel -agrega-, las marquesinas iluminadas, dejando en claro que un programa de estas características debe seguir vigente”.

Fuente: El Cable Nro. 692