Pública, libre y gratuita

Los rectores de todas las universidades nacionales dieron forma a un documento preliminar que establece las bases para una nueva legislación universitaria. Entre los puntos fundamentales se destacan: gratuidad, defensa de la autonomía y pautas para el cogobierno. En una charla con el Cable, el presidente del CIN, Oscar Spada, explica los fundamentos de la iniciativa.

El encuentro se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Vaquerías, se prolongó por dos días y contó con asistencia perfecta. Participaron los 38 rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se habían convocado para elaborar un documento que sirviera como base del proyecto para reemplazar o reformar la actual Ley de Educación Superior, trámite que el Gobierno se comprometió a llevar adelante antes de fin de año.

La norma vigente fue sancionada en 1995 en contra de la opinión de la mayoría de las autoridades universitarias, los gremios docentes y las agrupaciones estudiantiles. Entre sus aspectos más resistidos se encuentra la posibilidad de arancelar los estudios, de fijar cupos de ingreso, el avance sobre la autonomía universitaria y las modalidades de evaluación y acreditación. Desde el Ministerio de Educación, se afirma que su titular, Daniel Filmus, pretende culminar su gestión derogando la última norma vigente del menemismo en materia educativa.

Ante este escenario, los rectores decidieron no permanecer como meros espectadores del proceso. “La idea era que hubiera proyectos de ley y que el CIN simplemente se sentara a leerlos y a opinar sobre ellos. Nosotros no aceptamos ese rol y fuimos claros con el ministro: nuestra opinión va a estar representada en un documento en el que quedarán plasmados los ejes centrales que, para nosotros, debe contener la ley. Después los representantes del pueblo tendrán que tener en cuenta la opinión del sistema universitario”, afirma Oscar Spada, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y presidente del CIN.

Luego de 48 horas de debate, las autoridades lograron definir, la mayoría de las veces por unanimidad, los principales lineamientos que debe tener una Ley de Educación Superior. Se dio a conocer un informe preliminar que contiene los puntos consensuados y se nombró una comisión redactora que elaborará un documento final, que será entregado al Ministerio de Educación y se pondrá a consideración de la comunidad universitaria de todo el país.

Dado que existían diferentes opiniones y que la idea era privilegiar los consensos, el texto no contiene una recomendación explícita en torno de la conveniencia de reformar o directamente derogar la norma vigente. “Decidimos no entrar en esa discusión porque iba a ser un debate cargado de reclamos y posiciones enfrentadas. Además no valía la pena porque tampoco lo vamos a definir nosotros. Lo que sí valía la pena era buscar los puntos de coincidencia y entonces en eso trabajamos”, sostiene Spada y agrega, “por otro lado es evidente que si los acuerdos logrados marcan una gran diferencia con la ley actual, habrá que hacer una ley nueva”.

En cuanto a las características de la norma, la coincidencia generalizada es que debe tratarse de una ley marco, que consagre determinados principios sin caer en reglamentaciones excesivas que afecten la autonomía de las casas de estudio. En este sentido cabe señalar que la norma actual habilita, por ejemplo, a que las facultades con más de 50 mil alumnos puedan aplicar mecanismos restrictivos de ingreso aun sin ser autorizadas por la universidad de la que forman parte.

No se compra ni se vende

El documento comienza definiendo a la educación superior como un bien público y un derecho personal y social, de esta manera se eluden los lineamientos recomendados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que la considera como un “bien transable” y por lo tanto susceptible de ser comercializado como cualquier otra mercancía. “El Estado tiene la responsabilidad de financiar la universidad. Si usted pretende que el país mejore, debe hacer fuertes inversiones en educación y fundamentalmente, en el caso que nos compete, en la educación superior”, sostiene Spada.

Muy en línea con el punto anterior, otro de los acuerdos sostiene que la ley debe asegurar claramente la gratuidad de los estudios de grado, “estableciendo la equidad como principio ético o de justicia en la igualdad”. Además promueve el establecimiento de una política universal de becas para garantizar la igualdad de oportunidades. El consenso en torno de este tema, resulta llamativo teniendo en cuenta que varias universidades cobran aranceles o “bonos contribución” a sus alumnos para que puedan cursar sus carreras. “Está claro que el concepto de gratuidad implica la eliminación de todo arancel”, asegura Spada.

Los acuerdos de los representantes del CIN también incluyeron la defensa de la autarquía y la autonomía de las universidades. La primera fue definida como la autodeterminación que tienen las casas de estudio en relación con las decisiones normativas, institucionales, políticas y académicas. Respecto de la autarquía, el escrito subraya que la futura ley debe considerarla como la facultad de las universidades de autoadministrarse con responsabilidad social y transparencia en lo que hace a su presupuesto.

Quién dirige la batuta

Uno de los aspectos abordados más polémicos, dadas las dificultades que tuvieron que enfrentar distintas casas de estudios a la hora de renovar sus autoridades, fue el tema del gobierno universitario. El documento señala que el cogobierno estará integrado por representantes de los docentes, alumnos, graduados y no docentes, con voz y voto en todos los casos. En tanto que los sistemas de elección de autoridades, la duración de los mandatos, la composición de los órganos colegiados y la distribución de sus integrantes serán definidos por los estatutos de cada universidad. “Era ilógico establecer todos estos aspectos en la ley porque si no la autonomía quedaría como un principio meramente enunciativo”, expresa Spada y sigue, “si bien no lo hemos incluido en el documento estamos hablando de que la representación docente no puede ser inferior al 50 por ciento”.

En relación con el financiamiento, el acuerdo establece que el presupuesto universitario debe garantizar la prestación de un servicio de calidad y prever una inversión sostenida que garantice recursos previsibles y estables. “Estamos pensando, tomando como ejemplo la Ley de Financiamiento Educativo, en la necesidad de establecer un porcentaje que ligue el financiamiento del sistema con la evolución del PBI. A título personal diría que el porcentaje debería situarse en torno del 2,5 por ciento del producto”, calcula Spada.

También se aclara que la creación de nuevas universidades deberá considerar el financiamiento que garantice su funcionamiento, sin que se afecten los requerimientos presupuestarios de las universidades existentes.

“Otro punto interesante que estamos planteando -relata Spada- es que las negociaciones salariales tienen que darse a nivel central, nacional. Las discusiones locales pueden mantenerse pero en aspectos que no sean salariales, relacionadas con las características particulares y la región en que esté la universidad; pero no el básico del salario del docente, eso debe ser nacional. Esto apunta a evitar, por un lado, la existencia de docentes `ricos´ y `pobres´ según el lugar dónde se desempeñen y por otro que alguien cree una estructura nueva y pretenda conformarla con mucha cantidad de gente con bajos salarios”.

El examinador examinado

Uno de los temas más debatidos del encuentro fue el relacionado con los alcances, la integración y aun la propia existencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). “Nosotros decimos que tiene que haber un organismo nacional, estatal y único, que trabaje sobre la evaluación y la acreditación de las carreras. No puede haber en la ley la posibilidad de crear organismos privados de evaluación, porque si el responsable del sostenimiento del sistema es el Estado, también debe ser el Estado el encargado de fijar las condiciones de acreditación”, señala Spada.

En relación con la integración de ese organismo, la propuesta es que haya representantes de las universidades, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que la elección de los miembros tenga que llevarse a cabo teniendo en cuenta ciertos requisitos ineludibles. “Es necesario que las personas designadas cumplan con una serie de condiciones en lo académico, lo científico y en su compromiso en lo social. Que se lleve a cabo una especie de concurso para ocupar un lugar”, explica el presidente del CIN y reflexiona, “tal vez se pueda incluir a algún representante de las universidades privadas, pero no lo definimos todavía”.

Respecto de la polémica acerca de los criterios sobre los cuales se deben desarrollar las evaluaciones sobre el sistema, Spada sostiene que, “las evaluaciones de las universidades tienen que hacerse en función de un plan estratégico y no del criterio que fije el evaluador. Es decir, uno arma un plan estratégico y si es avalado por una comunidad que lo vota, la evaluación debe hacerse contra la desviación de ese plan.

Es muy sencillo, ¿qué hacemos nosotros en una universidad?, viene un alumno y rinde, ¿qué le tomás?, un programa. El alumno sabe que le tomás un programa y no lo que se te ocurre. Si dentro de ese programa responde correctamente, aprueba. Pero no le podés preguntar el programa de otra materia. Entonces la universidad establece que va a hacer determinada cantidad de cosas, el organismo evaluador vendrá, la evaluará y mirará qué cosas se fueron cumpliendo. Esa es la idea”.

Finalmente Spada se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar una Ley de Educación Superior que responda a las expectativas de las universidades y que pueda sentar las bases del sistema por varias décadas convirtiéndose en una verdadera política de Estado. En ese sentido advierte:”Cuando uno habla de una política de Estado tiene que pensar que es parte del Estado, y si es parte del Estado, definida una política, tiene que aceptarla. Lo que no se puede hacer es pedir una política de Estado y cuando se la alcanza, no respetarla con la excusa de que en el marco de la autonomía yo puedo hacer lo que quiera. Este es el riesgo que hay con al autonomía, que para mí, debe ser una autonomía acompañada de responsabilidad”, sentenció.

Fuente: El Cable Nro. 661