El decano Durán en el Senado por la ley «Bases»

El decano Guillermo Durán dio su testimonio frente a los senadores que están tratando la denominada ley "Bases", con eje en el impacto negativo de la reforma legislativa sobre el sistema científico y las universidades. Pidió a los senadores que "no comprometan el futuro de nuestro país".

En el día de hoy, martes 14, tuvo lugar una nueva reunión plenaria en el Senado de la Nación de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales. Durante la jornada, se sucedieron los testimonios de distintos actores de la vida política, económica y social, refiriéndose al impacto del proyecto de ley que el gobierno nacional llamó “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

El decano Guillermo Durán fue invitado a exponer frente a los senadores y senadoras sobre cuáles serían las consecuencias de la aprobación de la ley «Bases» durante 10 minutos y posteriormente respondió preguntas de los presentes. A continuación, transcribimos las palabras del decano:

Buenas tardes a todos y todas, soy Guillermo Durán, matemático y doctor en Ciencias de la Computación de la UBA, investigador principal del CONICET y profesor y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Quiero agradecer al Senado de la Nación, y en particular al Senador Martín Lousteau, por esta oportunidad de exponer nuestros puntos de vista ante una propuesta de ley que, de ser aprobada, tendrá un terrible impacto negativo sobre la mayoría de los argentinos y argentinas.

Está ampliamente comprobado que el desarrollo económico y social de las naciones modernas está asociado a la implementación de políticas activas de ciencia y tecnología por parte de los Estados. Entendemos que la llamada ley “Bases”, en contraposición a ese camino, posibilitaría volver a convertir a nuestro país en una economía primarizada, ubicándolo en el mercado mundial como un mero exportador de commodities. Asimismo, anularía la generación de políticas de desarrollo y equidad social a partir del desmantelamiento y la destrucción de las empresas públicas, de las herramientas más elementales del Estado y del entramado productivo nacional.

Bajo la excusa de atraer inversiones a partir de estrategias como la que propone el RIGI, advertimos que nuestro país profundizaría un régimen de privilegios que condicionaría severamente el desarrollo de nuestras capacidades locales y, por lo tanto, las posibilidades de bienestar de nuestra sociedad.

Más allá de esta descripción general, por mi perfil como profesional, investigador y hoy decano de Exactas de la UBA, me voy a referir a las implicancias que la ley tendría sobre el sistema de ciencia y tecnología nacional y sobre nuestras universidades nacionales.

En el marco de lo que implica el artículo 1 de la ley, que delega en el Presidente funciones que según nuestra Constitución le corresponden al Poder Legislativo, nos preocupan en particular los artículos 3, 5, 6 y 52, artículos que solicito a este Senado sean eliminados en caso de que la ley sea votada de manera favorable en general.

Con el artículo 3, el Presidente, solo con su firma, puede directamente disolver buena parte de los organismos de ciencia y tecnología del país, como por ejemplo la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (la herramienta fundamental del financiamiento de la ciencia argentina), el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue creado en 1987 por la ley 23.511, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y que ha jugado y juega un rol preponderante en la restitución de los nietos sustraídos durante la última dictadura cívico-militar. Imagino que, en particular, los senadores de la UCR han tomado nota de este último punto, y no serán funcionales a tirar por la borda una de los legados indiscutidos de aquel histórico gobierno.

Este mismo artículo 3 permite modificar, eliminar competencias, reorganizar, transformar o transferir a las provincias no sólo los organismos que también puede disolver sino también aquellos organismos que están exceptuados de la disolución y que son insignia en nuestro país, como el CONICET, el ANLIS, el INTA, la ANMAT, la CONEA y la CONAE. Estos dos últimos también pueden ser intervenidos, dado que el artículo 6, que es el que permite intervenciones, ni siquiera los exceptúa.

Quiero recordarles también que la formulación original del artículo 3 enviada por el PEN excluía de sus alcances al CONICET y al INTA, que fueron quitados de la redacción que aprobó la Cámara de Diputados, lo que significó aun un mayor retroceso.

Con el artículo 5, el Presidente puede eliminar los fondos fiduciarios, en particular el fondo para el desarrollo de la ciencia y tecnología de 1990, que es la herramienta fundamental con que cuenta la Agencia y, por lo tanto, este artículo también le da atributos al Presidente para vaciarla de funciones completamente aunque no la elimine.

Con el artículo 52, el Presidente puede poner en situación de disponibilidad por un período de 12 meses a todos los empleados de los organismos de ciencia y tecnología “que resulten afectados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas” y, más grave aún, echarlos tras ese periodo. Esto incluye también a los investigadores del CONICET que el Poder Ejecutivo Nacional considere “prescindentes”, muchos de los investigadores que tanto esfuerzo hizo el país para repatriar, años atrás.

La ley 27.614 del año 2021 sobre el Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, aprobada sin votos negativos en ambas Cámaras, establece lo siguiente: «Declárase de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina». La puerta que abre el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy para desguazar al sistema de ciencia y tecnología está claramente en las antípodas de aquel mensaje.

La ciencia argentina (y el CONICET en particular, la institución gubernamental de más prestigio en Latinoamérica según los principales rankings) es reconocida en el mundo por su calidad y por el desarrollo de investigaciones en la frontera del conocimiento. Y cuando digo ciencia argentina me refiero a las exactas y naturales, a las tecnológicas, a las sociales, a las humanidades, porque todas son esenciales para nuestro país.

Son científicos argentinos los que han gestado una empresa de base tecnológica que desarrolla medicamentos y terapias contra el cáncer. Es la ciencia nacional la que tiene vacunas propias contra el COVID, siendo el segundo país en Latinoamérica que lo logra, o la que acaba de generar una patente para el desarrollo de una medicación contra el Parkinson. Son nuestros científicos sociales los que generan marcos normativos y estudian instrumentos para políticas de hábitat y vivienda, o los que desarrollan investigaciones para abordar problemáticas relacionadas al trabajo infantil y juvenil. Son nuestros científicos de humanidades quienes analizan la historia o estudian los orígenes de nuestra cultura. Son nuestros científicos y tecnólogos quienes han diseñado satélites y reactores que se exportan al mundo.

Son producto de la ciencia argentina y de nuestras universidades nacionales los chicos que se posicionan en una competencia mundial de Programación como los mejores en Latinoamérica y entre los mejores del mundo.

Dejar en manos de este Presidente (y de su fuerza política) el futuro de la ciencia argentina, cuando ya ha dado muestra cabal en palabras y en hechos del desprecio absoluto por el desarrollo científico y tecnológico soberano, es un riesgo que nuestro país no puede correr. Ni la tierra es plana, ni el calentamiento global es un invento del socialismo.

Me toca en esta tribuna marcar también el impacto terriblemente negativo que tendría sobre nuestras universidades nacionales el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología nacional.

Nuestras universidades públicas son de excelencia porque se nutren para la docencia de prestigiosos científicos. Nuestra Facultad, por ejemplo, concentra 19 Institutos CONICET en su campus de los cerca de 300 que hay a nivel nacional, tiene más de 900 investigadores CONICET (cerca del 8% de los 12 mil que tiene la Argentina) y genera alrededor del 10% de las publicaciones internacionales que aporta nuestro país.

Buena parte de esos investigadores son los que desarrollan la docencia en nuestras aulas. Y esto garantiza que quienes forman a nuestros estudiantes no reproduzcan únicamente el conocimiento de los libros, si no que enseñen la ciencia que ellos mismos generan.

Vaciar al sistema de ciencia y tecnología es también vaciar al sistema universitario de buena parte de sus mejores docentes. Y esto puede implicar un retroceso en la formación de nuestros estudiantes, que son quienes después, como profesionales, trabajan en la academia, en el sector público y en las principales empresas productivas del país.

Dejo para el final las cuestiones presupuestarias que hoy afectan a nuestro sistema de ciencia y tecnología y a nuestras universidades nacionales, temas que este Congreso de la Nación debe abordar urgentemente para sostener a esos sectores.

Mientras nos dicen que no hay plata, la Secretaría de Innovación y Ciencia ha ejecutado al mes de mayo sólo el 1% de su presupuesto. Se han paralizado programas vitales para el desarrollo y la transferencia del sistema como el Construir Ciencia, el Equipar Ciencia, el ImpactAR Ciencia y Tecnología, el Poblar o los Fondos para Proyectos Federales de Innovación (con un gran impacto federal), establecidos por el gobierno anterior.

Los salarios de investigadores CONICET y de los investigadores full-time de las universidades nacionales han sido reajustados por debajo del 50% en estos 5 meses de gobierno de Javier Milei, con un 105% de inflación, lo que marca una caída real de nuestros salarios que ronda el 30%: probablemente la mayor caída salarial desde la recuperación democrática en tan corto tiempo.

Los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales estaban congelados al 2023 (con una inflación interanual que ya supera el 300%) y por el momento sólo han recibido un reajuste en la cuota mensual de marzo del 70%, con otro 70% anunciado para mayo. Si lo miramos anualmente, estamos en la mitad en gastos de funcionamiento y en valores reales de lo que teníamos en 2023.

Imposible que nuestras universidades puedan funcionar el segundo cuatrimestre del año si la cuestión presupuestaria no se resuelve. Esperemos que tanto el Gobierno nacional, como este Congreso escuchen la voz de la sociedad argentina, expresada de manera masiva en la tremenda marcha federal universitaria del 23 de abril pasado.

Para ir cerrando, estimadísimos Senadores de la Nación, por favor no comprometan el futuro de nuestro país. Sin desarrollo científico y tecnológico sólido no hay universidades públicas de calidad. Sin ciencia, sin tecnología, sin universidades públicas de calidad no hay futuro para nuestro país. Muchas gracias.